Gustavo Páez Escobar

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Con la Orden Civil al Mérito «José Acevedo y Gómez», que el Concejo de Bogotá otorgó a la Caja de Crédito Social Cooperativo (Credisocial),se exalta la labor productiva, en los 15 años de existencia de esta institución, que se ha caracterizado por su alto espíritu de servicio a la comunidad.

En 1982, tras la crisis económica de la Cooperativa de Pollos Vencedor, nacía en Bogotá una modesta empresa bautizada con el nombre de Cooperativa de Ahorros Vencedor, que luego se convertiría en la actual Credisocial. Al frente de esa operación se encontraba el líder cooperativo Julio Eduardo Castro Rodríguez, alma y nervio de la nueva empresa, y que hoy ocupa en ella el cargo de presidente. Como gerente general ha actuado en los últimos años Jesús Castillo Gutiérrez, experimentado banquero.

La gestión de estos directivos se traduce en hechos elocuentes. En diciembre pasado, tras una lucha denodada dentro de la aguda crisis financiera que vive la nación y que ha traumatizado la vida de los negocios, los activos de Credisocial pasaban de $ 82.000 millones, los depósitos de $ 66.000 millones y los créditos de $ 50.000 millones. Con un total de 37 oficinas y 300 empleados, los planes inmediatos se encaminan a abrir 13 oficinas más en importantes ciudades del país.

Credisocial se ha preocupado, además, por cubrir pequeños sitios donde no existe o hay limitado servicio de la banca tradicional. Es el caso de Nariño –hoy con 10 oficinas–, donde poblaciones como Sandoná, Samaniego, La Unión y Guachucal están favorecidas con la política de descentralización. Los 35.000 clientes con que cuenta la institución, que reciben el nombre de asociados en virtud del espíritu cooperativista, pregonan el avance de la red nacional.

Desde hace varios años ocurre un hecho nuevo que llama la atención y es el del cooperativismo o sector solidario como asociación financiera. Con recursos moderados, pero con creciente empuje, el grupo cooperativo le enseña a la banca grande que se hace más función social multiplicando pocos recursos en muchas manos, que colocando grandes cantidades en pocas personas.

Con esta filosofía, empresas como Credisocial que ha beneficiado a 260.000 familias, estimulan la economía del país al apoyar a pequeños y medianos empresarios, artesanos, asociaciones comunitarias, pequeños comerciantes. Esta irrigación crediticia, al impulsar la microeconomía, genera empleo y contribuye a aligerar uno de los dramas palpitantes del momento actual. Credifundar, dependencia de Credisocial, se encarga de difundir e intensificar la filosofía de la empresa a través de programas de capacitación y acción social que desarrolla en el gremio de las cooperativas y los asociados en general.

Se demuestra así hasta dónde llegan los propósitos de unión y progreso de aquella vacilante Cooperativa de Ahorros Vencedor que 15 años atrás salvaba una quiebra y se lanzaba, con un líder a la cabeza, a la conquista de un mejor futuro.

El Espectador, Bogotá, 12-V-1997.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

No es clara la posición del Gobierno en el campo de las privatizaciones. Todo parecía indicar que este renglón había quedado agotado en la administración anterior. En la conciencia pública subsiste la idea de que, mediante la venta de algunas entidades financieras en condiciones muy ventajosas para los grandes grupos, se concentró más poder económico en pocas manos. Las dudas subsisten sobre todo en relación con los bancos de Colombia y del Co­mercio.

Ahora el presidente Samper manifiesta que se estudian otras privatizaciones, aunque con la adopción de mejores sistem­as de control. Agrega que no saldrá de aquellas instituciones que prestan notable beneficio social. Entre ellas están la Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario. Otras dos entidades, también de alta utilidad pública, pero muy llamativas como fuente de ingresos para el Gobierno –Telecom y el Banco Popular–, están en entredicho.

En este zangoloteo de las privatizaciones, ambos organismos estatales han sido materia de controversias. Gaviria quería rematarlas, o sea, feriarlas, pero diversas circuns­tancias se lo impidieron. Se sal­varon del afán mercantilista por no haber alcanzado el calenda­rio. Según se desprende del estilo fiscalista de Hommes, apoyado siempre por el presi­dente Gaviria, para él contaba primero el negocio.

En cuanto al Banco Popular se refiere, el valor de su negocia­ción –$ 300 mil millones– figu­raba como un ingreso en el presupuesto de este año. Si no se hubiera interpuesto el lío jurídico que apareció a última hora, esta entidad, que sin duda tiene la mayor plataforma social de toda la banca, ya ha­bría pasado al dominio particu­lar, aumentando el influjo de los grandes grupos. Pero Samper, en la antesala de su Go­bierno, dijo que la necesitaba para adelantar el programa de microempresas.

Cuando se tramitaba la venta del Banco Popular, el candidato Samper expresó lo siguiente en carta a exfuncionarios de la en­tidad: «No veo con buenos ojos ese proceso pues avanza en contravía del esfuerzo que tendre­mos que realizar en el próximo gobierno si queremos impulsar decididamente la creación de 350.000 microempresas y con­tribuir así a la generación de miles de nuevos empleos pro­ductivos».

Esto fue lo que pre­gonó el candidato. Veremos lo que hace el Presidente. Han co­menzado a colarse noticias en el sentido de que el Banco Popular se venderá de todas maneras para reforzar los ingresos públicos. Cabe preguntar: ¿sigue en firme el programa de las microempresas?

Reciente editorial de este pe­riódico llama la atención sobre las críticas formuladas por el contralor general de la Repú­blica acerca del controvertido capítulo de las privatizaciones, y lamenta que tema de tanta al­tura haya pasado en silencio. La tesis del funcionario es que ven­der por vender no es bueno. Si todo fuera cuestión de negocio, habría que salir de las mejores empresas del Estado.

Hay un juicio severo en la declaración del contralor, que vale la pena analizar con la mayor seriedad: «Bajo las actuales condiciones, el proceso de privatización que se ha venido adelantando en el país no es prenda de garantía para salvaguardar el patrimonio público».

Preocupa que, ante la enormi­dad de las cifras que reclama el llamado Salto Social, se eche mano de instituciones lucrati­vas como Telecom y el Banco Popular para cubrir una emer­gencia. Se espera, desde luego, que el prurito privatizador no llegue a extremos que después haya que lamentar.

El Espectador, Bogotá, 8-XII-1994.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Esta entidad padece de una enfermedad grave y con­tagiosa: el gigantismo. En desarrollo del programa que bus­ca extender la seguridad social a la mayoría de los colombianos, la institución se volvió inoperan­te. En el ramo de la salud, han ingresado miles de nuevos afilia­dos que antes no contaban con ninguna protección, como las empleadas de servicio domésti­co y los trabajadores indepen­dientes. Esto, que es loable, corresponde a una sana concep­ción social, cuyo objetivo es lle­var la asistencia del Estado a los sectores más desprotegidos.

Lo deplorable es que la enti­dad carezca de la estructura necesaria para brindar servicios eficientes. No se entiende cómo, antes de expedirse las leyes, no se prepara la organización para que los reglamentos sean efecti­vos y no se conviertan en letra muerta. La arremetida publici­taria realizada por el Gobierno anterior en torno a su programa bandera –el Sistema de Seguri­dad Social–  deja muchas frus­traciones, que es preciso en­mendar.

Veamos casos concretos. El primero es el suplicio de las colas. Hasta la diligencia más simple está sujeta a largas y desesperantes filas en los dispensarios de la salud. Desde antes de las seis de la mañana comienzan a llegar los usuarios en solicitud de las citas médi­cas, que se conceden para un mes más tarde. Si el paciente resiste tanto tiempo, el médico lo atenderá una o dos horas después de la cita que se le fijó. Y como los consultorios viven atestados de público, la aten­ción será contra reloj. Es decir, la completa ineficiencia.

Si hay prescripción de medi­cinas, lo más probable es que estén agotadas en el Seguro. Si se ordena la remisión del pa­ciente a una dependencia o a un especialista externo, hay que esperar otro mes, después de cumplida una serie de trámites engorrosos. A todo esto se suma la incomodidad de los despa­chos y la falta de urbanidad del personal.

Las preguntas son obvias: ¿Es­to puede llamarse servicio de salud? ¿Por qué se abusa hasta tales extremos de la paciencia de los usuarios? ¿Por qué se formulan medicamentos agota­dos, que por ese motivo debe comprarlos el usuario con su propio peculio? ¿Por qué no se sanciona la descortesía de los empleados? ¿Por qué no se le imprime al organismo una sóli­da reforma que sirva en realidad para proteger la salud de los colombianos?

Otro calvario es el de las tarjetas de derechos, que  en gran parte se reclaman en medio de los baturrillos más impresionantes; y algunas, en los bancos, cuando se es cliente de ellos. Lo indicado sería que todas se despacharan por co­rreo a los domicilios particula­res, y que las facturas pudieran pagarse con toda comodidad.

El Seguro Social, hoy por hoy, es un elefante blanco. Se ha querido hacer tanto, que el orga­nismo se desvertebró y dejó de ser una garantía de servicio. Hay que salvarlo. Ojalá el Go­bierno actual –y hablemos sobre todo del actual gerente de la entidad– asuma esta necesidad dentro de sus afanes priorita­rios.

El Espectador, Bogotá, 14-X-1994.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Si al presidente Gaviria y al ministro Hommes les hubie­re alcanzado el tiempo, el Banco Popular habría pasado a manos de particulares. La entidad estaba lista para su venta al mejor postor, el que, según todos los indicios, iba a ser el grupo Sarmiento. La negociación hubiera significado más concentración de poder económico para los imperios económicos, tan favorecidos por el actual Gobierno, y menos apoyo para los pobres, los eternos perdedores.

La idea de privatizar algunas entidades oficiales para darles mayor eficiencia, no puede considerarse desacertada. Lo es, en cambio, vender otras de alta utilidad pública, como el Popular, que pueden y dejen robustecerse, bajo la orientación del Estado, a fin de desarrollar reales políticas de avance social. Esta institución, que durante mucho tiempo fue un alivio para las clases más necesitadas, desvió en los últimos tiempos sus postulados hasta convertirse en un banco común. Lo indicado, ante dicha realidad, era enderezar su rumbo.

Con el afán del lucro se descuidó en este caso el beneficio social. El organismo pasó a competir en ci­fras voluminosas con los bancos poderosos y se olvidó de su esencia popular. Si la rentabilidad es indis­pensable para cualquier empresa, el exceso engendra voracidad. Poco a poco, a lo largo de quince o veinte años atrás, esta benemérita institu­ción fue perdiendo su vocación inicial y prefirió volverse aliada de los ricos, que son quienes producen utilidades. Los pobres perdieron su banco y se quedaron con un símbo­lo. No tuvieron quién los defendie­ra.

El Banco Popular se iba a vender porque el negocio era jugoso. Jugo­so en doble sentido: para el Gobier­no, que reduciría el déficit, y para el comprador, que aumentaría su do­minio. ¿Y los pobres? Ellos no contaban. Nunca han contado en el reparto de la riqueza. Pero el calen­dario no alcanzó, y la medida, que suscitó conflictos, ha quedado en manos del próximo Gobierno.

El cual, de acuerdo con el anun­cio del doctor Guillermo Perry Ru­bio, nuevo ministro de Hacienda, conservará la entidad para adelan­tar, como lo prometió el doctor Samper en su campaña presiden­cial, un vigoroso programa de creación de microempresas. Hay que celebrar, para bien del país, este rescate redentor. Y extrañar, de paso, el editorial de El Tiempo en su edición del 27 de junio, cuando se muestra partidario de que el orga­nismo sea privatizado.

Decir, como allí se manifiesta, que el Banco Popular ya cumplió su misión, y que «mantenerlo en la esfera públi­ca por más tiempo no se justifica», es un desenfoque. En cambio, ha debido expresarse que se necesita vigorizarlo, ponerlo al día en tecno­logía e imprimirle el espíritu social que se dejó perder. Al editorialista parece preocuparle más el déficit presupuestal que crecerá al no venderse la casa bancaria.

Este rescate de una de las em­presas más acreditadas del país debe significar, ante todo, el regre­sarla a su papel de líder de las grandes transformaciones sociales que ostentó por largos años.

El Espectador, Bogotá, 3-VII-1994.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Quienes conocemos el Ban­co Popular desde sus orí­genes y, sobre todo, quienes durante largos años servimos su causa en la buena y en la mala fortuna, lamentamos que la entidad hubiera abandonado la esencia so­cial para la que fue creada. El desvío de su papel fundamental de Banco de los pobres, que ostentó durante mucho tiempo, es el cau­sante de esa pérdida de identidad. En forma silenciosa y progresiva, durante quince o veinte años atrás, el organismo oficial fue modificando sus postulados iniciales hasta con­vertirse en una entidad común.

Dentro del síndrome de las priva­tizaciones que acompaña al Gobier­no actual, y que en los últimos días acelera el ministro Hommes para curarse la fiebre del déficit que no lo deja dormir en paz, parece que al Banco Popular le llega la hora para su venta al mejor postor. Como la cuestión es ante todo de plata, los negociadores oficiales, con el minis­tro de las finanzas a la cabeza, no se han detenido en el sano plantea­miento esbozado por destacados líderes nacionales en el sentido de que el instituto debe resguardarse como patrimonio oficial, dándole las reformas y correctivos que sean necesarios para reconquistar el espíritu de servicio que se dejó perder.

El doctor Carlos Ossa formula la siguiente pregunta en artículo de este diario: «¿Para qué privatizar unas entidades que fueron rescata­das con los recursos de los contri­buyentes y para qué vender otras que siempre han sido del Estado, si el resultado final no va a ser otro que más concentración de la propie­dad?». El doctor Ernesto Samper, otro de los defensores del Banco como organismo oficial, propone que en lugar de privatizarlo debe convertirse en eje de un programa de miniempresas urbanas.

La licitación de la telefonía celu­lar y la venta del Banco de Colom­bia, que constituyeron aparatosas negociaciones que enriquecieron las arcas del Estado, ponen en eviden­cia un hecho preocupante: la entre­ga del país a los grandes grupos financieros. Si la filosofía de la privatización es democratizar las instituciones, ya se ve que ocurre todo lo contrario en los negocios que se han realizado.

No hay razón para pensar que vaya a pasar nada distinto en las subastas que se aproximan: Banco Popular, Ban­co Central Hipotecario, Banco del Estado y Corpavi. En esta danza de los billetes que tanto emociona al ministro Hommes, con la oculta complacencia del señor Presidente, gana el que más paga. Como los que más pagan –y más ganan– son los ricos, esta concentración enorme de riqueza representa una dolorosa realidad: hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Nadie discute que la privati­zación de la banca oficial busca mayor eficiencia y competencia en el sector financiero. En el caso del Banco Popular, no puede ignorarse el atraso de varios años que regis­tran sus sistemas tecnológicos, situación que se agrava con la dismi­nución que ha tenido la nómina en más de dos mil empleados, lo que se traduce en el mal servicio que hoy se presta al público. Pero el camino ideal no es venderlo, sino transfor­marlo. «Al paso que vamos –dice Francisco Santos en El Tiempo–, habrá que poner al frente del Capi­tolio un letrero bien grande que diga: “Se vende al mejor postor».

¿No podría reflexionarse más en la venta del Banco Popular? Es una entidad sui géneris, en otros tiem­pos bandera social de los gobiernos, que bien valdría la pena salvar en esta carrera febricitante del dinero.

El Espectador, Bogotá, 24-II-1994.