Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Dos años después de su publicación ten­go el gusto de conocer un libro de singular importancia: Cancionero mayor del Quindío. Su autor, Álvaro Pareja Castro, sociólogo e investigador musical, dedicó lar­gos años a la recolección de este patrimonio de la cultura quindiana representado en 2.500 canciones surgidas de sus 12 muni­cipios.

El Quindío es tierra musical y poética, y con ese carácter se ha destacado en el país. Grandes compositores autóctonos, como los Moncada, le han dado realce a la música y hoy acreditan una obra memorable, que es la que rescata el libro de Álvaro Pareja, quien para este propósito contó con la ase­soría de Martha Cecilia Valencia Álvarez.

Dos volúmenes sustanciosos, contenidos en cerca de 1.000 páginas, recogen el testi­monio del pueblo quindiano que a través del canto ha sabido interpretar el alma de la tierra. Aquí está el folclor regional más auténtico expresado en cuitas, amores y esperanzas, como una afirmación de la vida. Nunca, en este género, se había visto en el Quindío una obra de mayores alcances. Es el lega­do que se entrega a las nue­vas y futuras generaciones como el testimo­nio de un arte que se cultivó, y se sigue cul­tivando, para regocijar el espíritu y ennoble­cer la existencia

Hay que aplaudir el patrocinio editorial dado por el Comité de Cafeteros del Quindío, sin el que no hubiera sido posible la realiza­ción de la obra. Hoy por hoy la mayor em­presa difusora de la cultura quindiana es su Comité de Cafeteros, en buena hora dirigido por Óscar Jaramillo García, dinámico ejecutivo que entiende la cultura como par­te fundamental del progreso de los pueblos.

En días pasados hablaba yo en Bogotá con Gloria Chávez Vásquez, es­critora y periodista quindiana residente en Nueva York, sobre los rasgos más notables que exhibe la región cafetera. Y salió a flote el libro de que se ocupa esta nota, que yo todavía no conocía, y que no dudo en calificar como un logro extraordinario de mis amigos quindianos. Volver sobre el pasado, como lo hace Álvaro Pareja, es la manera de afirmar el futuro.

Otro hecho valioso es el de los índi­ces: cancioneros, discografía, intérpretes, compositores y canciones. Sin ellos, el libro hubiera quedado imperfecto. Conozco otra obra de gran dimensión, la titulada Ayer y hoy en mis canciones  (en 860 páginas), de Noel Salazar Giraldo, que abarca todo el país en el campo musical. El libro del Quindío no se queda atrás, y tiene la ventaja de reunir en esta sola región la demostración gigante de un pueblo laborioso y romántico que ríe y llora en canciones perdu­rables.

La Crónica del Quindío, Armenia, 5-VIII-1997

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Estoy por creer que a Manuel Drezner, columnista de este diario, le tienen ojeriza en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Como es permanente censor de las fallas en los servicios públicos, nada de raro tiene que se hayan  desquitado con su línea telefónica. Tal vez piensan que por ese aparato entran miles de quejas re­lacionadas con la incompetencia de las autoridades, que él denuncia con valor –y con los riesgos respectivos– en su inteligente espacio periodístico.

Esto de estar ocho semanas sin eco –no él, por ventura, sino su teléfono– revela flagrante venganza. La misma situación le ha ocurrido en varias ocasiones, y el pobre de don Manuel ha tenido que quedarse callado. Sin teléfono, cualquiera se enmudece. Más aún: se vuelve loco. La última vez (y ojalá sea en realidad la última) ya estaba al borde de la locura furiosa, incluso con deseos de hacerse sindicalista, cuando sintió un pitico, y en seguida otro más prolongado, anunciando la llegada de la voz.

Como él había manifestado en su co­lumna que no cesaría de contarle al público el infamante atropello, y de paso revelar otros casos similares, como lo hizo y lo seguirá haciendo, la Empresa de Telecomunicaciones no resistió el reto y se dio por vencida. En secreto descendieron a la alcantari­lla –es decir, a la cámara–, arregla­ron el cable perforado, pusieron los repuestos que no se conseguían en el mercado, según la disculpa ofre­cida por algún técnico invisible… ¡y ya! Habían transcurrido dos meses de agonía, pero ahora don Manuel podía hablar.

Si esto mismo hubiera sucedido en Esta­dos Unidos, donde sí hay eficacia, respon­sabilidad y leyes operantes, el periodista se habría ganado un pleito millonario, como para montar su propia empresa telefónica. Pero estamos en Colombia, Sancho. Allá se­ría inconcebible el vandalismo que se pre­senta hoy en Bogotá contra 100.000 teléfo­nos dañados por los sindicalistas.

Esto es un atentado público que se quedará impu­ne, como tantos otros. ¿A quién quejarse, si los funcionarios se volvieron sordos? La sordera oficial es aberrante. Por fortuna, Manuel Drezner no es mudo. Y no bajará el tono, por más que traten de bajárselo a su teléfono.

Dos meses se gastarán, así lo anuncia el gerente de la entidad, en restablecer las lí­neas que están fuera de servicio. Vean este dato escalofriante. La entidad deja de per­cibir US $71 millones al año por ineficacia del servicio (sobre todo por la demora en instalar teléfonos). Con semejante consuelo, ¡apaga y vámonos! Mientras no se privatice la empresa, seguirán sucediendo estas cosas. La falta de autoridad (el distintivo mayor de la administración pública) permite este naufragio, que no es sólo de los teléfonos sino del país entero.

* * *

TRÁNSITO FATAL. – Veamos otro ejemplo de la desidia oficial. En el cruce de la avenida 30 a la altura de la calle 95, barrio Chicó, a diario se presentan graves accidentes de circulación, con grandes pérdidas de carros destrozados y a veces con heridos graves. Es el sitio más peligro Bogotá, y las autoridades lo saben. Desde que se construyó la nueva vía –perforando de paso un parque centenario, atentado irreparable contra la ecología–, el cruce por la vía del ferrocarril quedó defectuoso.

Ya vamos para dos años y nada se ha hecho. Al sitio fatal vinieron, ¡hace un año!, técnicos de las Secretarías de Tránsito y de Obras Públicas, midieron el terreno, analizaron el problema, tomaron fotos y plantearon la necesidad de hacer una reforma sustancial, que no demanda mucho costo. Se requiere, claro está, voluntad para ejecutarla. Y esa es la que no se ve.

El Espectador, Bogotá, 19-VI-1997.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

¿Funcionará la Veeduría Ciudadana para Bogotá? El veedor distrital dice que en enero entrante se pondrá en marcha un sistema mediante el cual la ciudadanía entrará a vigilar el desarrollo de las obras. Y agrega: «Se trata de que la gente se apropie de lo público, que rompa esa mirada indiferente y a veces cómplice de lo que sucede a su alrede­dor».

Esta idea optimista, si en ver­dad fuera operante, abriría caminos para el progreso de la ciudad. Lo que se pone en duda es la acogida y solución que tengan los reclamos de la co­munidad. En este momento hay muchas líneas abiertas pa­ra que el público haga sus re­clamos. Sin embargo, en la ma­yoría de los casos no hay res­puestas efectivas a los proble­mas que se plantean.

Conseguir desocupadas las líneas de atención al cliente –en el Acueducto, en la Em­presa de Energía, en el IDU, en la Empresa de Telecomunica­ciones, etcétera– es toda una odisea. Establecido el contacto, las veloces telefonistas acuden a la socorrida respuesta de que el caso queda en turno de so­lución. Solución que casi nun­ca llega, o llega con la conocida parsimonia oficial.

¿No se convertirá la Veeduría Ciudadana en otro elefante blanco de la burocracia? La in­tención es sana, pero de ahí a la realidad hay mucho trecho. La gente ya no tiene medios para defenderse, para hacerse oír, para que le den tono al teléfono, para que le instalen la luz, para que no le facturen de más. En suma, para que le restituyan sus derechos ciudadanos.

Vamos a vigilar entre to­dos, según el veedor distrital, la marcha de las obras públicas. Con el novedoso sis­tema que se ofrece, se evitarán las demoras y deficiencias de los contratistas, los despilfarros, la mediocre ejecución de los trabajos, los perjuicios para la comunidad…

Este columnista, desde mu­cho tiempo atrás, ha sido un veedor ciudadano –y resigna­do– de las fallas que ocurren en su entorno residencial. Más que por las páginas del perió­dico, se comunica a través de cartas a las autorida­des. En varios casos, bueno es reconocerlo, ha logrado ser atendido. En otros, tiene que emplear la paciencia del santo Job.

La siguiente situación, por lo peligrosa, representa un grave riesgo público. La prolongación de la avenida Ciudad de Quito (o avenida 30), a la altura de la calle 95 con avenida 19, dejó una imperfección en el diseño donde se bifurcan las vías. Tan­to a los ingenieros como al IDU he comentado, desde tiempo atrás, la amenaza que acarrea esta mala ejecución, a causa de la cual han ocurrido serios ac­cidentes de tránsito.

Los vecinos conocemos la falla y somos testigos de las manio­bras diarias que tienen que hacer los conductores para evitar los choques. Sin embar­go, nada se ha hecho. El último accidente aparatoso, ocurrido hace pocos días, fue entre cinco automóviles, con heridos y gra­ves destrozos de los vehículos. ¿Será necesario que haya muertos para corregir la irre­gularidad? Es preciso insistir en la pre­gunta inicial: ¿Sí funcionará la Veeduría Ciudadana?

El Espectador, Bogotá, 29-XII-1995.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

No se trata del señor Al­calde Mayor de Bogotá, cuyo silencio sepulcral al fin se interrumpió con el anuncio de su dimisión, si los concejales no lo dejan gobernar. A raíz del respaldo público que obtuvo por su amenaza de dejar huérfana a la pobre cenicienta, el señor Mockus se volvió el hombre más locuaz. Incluso consiguió inyectarle calorías a la fría temperatura ciudadana que él mismo no ha podido levantar con sus juegos mágicos. Su inesperada salida al aire logró el milagro de la resurrección para su imagen postrada en sólo cinco meses de administración.

Al silencio que voy a referirme es al del señor Alejandro Deeb Páez, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. A partir del mes de febrero he tenido que tocar en sus puertas en varias oportunidades, sin haber logrado que éstas siquiera se entreabran. No se trata de un caso particular sino comunitario, tanto del edificio donde habito como de los vecinos, y puede deducirse que de miles de usuarios afectados por la misma falla empresarial.

Como el gerente no ha contestado mis cartas –que son también de la opinión pública–, le escribo hoy por el correo del periódico. (En­tre otras cosas, yo sólo he es­cuchado la voz del funcionario cuando dice que va a aumentar las tarifas por fuera del Pacto Social).

Comenzando el año, la Em­presa de Acueducto redujo en más de 20 días, sin previo avi­so, el límite que tenía fijado pa­ra el pago de sus facturas. Cuando las cuentas debían cancelarse a finales del mes, la nueva modalidad –que significa una operación financiera a favor de la empre­sa– trasladó la fecha límite para comienzos del mismo mes. Además, dejó de entregar las facturas en las residencias. Es decir, más tarde los usuarios nos encontramos con la noticia de que la cuenta estaba vencida y por lo tanto había que pagar el recargo establecido por la mo­ra. Doble ganancia para la em­presa.

Trasladé el reclamo al funcio­nario con fecha 27 de febrero. Y como no me contestó, le escribí de nuevo el 3 de mayo. Con­tinúa el olímpico silencio gubernamental. La situación se agrava con el hecho de que en el nuevo reparto de facturas, las del presente mes, tampoco lle­garon las de mi edificio y los edificios vecinos.

Cuando nos dimos cuenta de esta deficiencia repetida, ya el plazo para el pago estaba ven­cido. Sin fórmula de apelación, había que cancelar otra multa por una omisión de la que no somos responsables. Así, mientras se asaltan los bolsi­llos de los usuarios, crecen las arcas de la empresa. Acudimos a la ventanilla del Cade, donde la empleada, que casi no deja hablar (una manera de ser no­sotros los mudos), nos dijo que la culpa era de Adpostal por no haber entregado las facturas a domicilio. El consabido juego de evasivas. Y resulta que es­tamos en pleno auge de los jue­gos ciudadanos que quiere en­señarnos el señor Mockus…

La empleada nos puso a es­cribirle a Adpostal. Allí también son mudos. La pregunta es simple: ¿Quién contestará nuestras cartas y nos devolverá las multas mal cobradas? ¡Ave­rígüelo Mockus!

El Espectador, Bogotá, 10-VI-1995

Por: Gustavo Páez Escobar

Una de mis lecturas de fin de año fue el libro-re­portaje del periodista Juan Mosca con Jaime Castro. Confieso que fui uno de los ciudadanos insatisfechos con la gestión del Alcalde, hasta que, ya en postrimerías de su man­dato, comenzaron a verse los resultados. No resulta fácil tener buen concepto sobre un alcalde cuando la paciencia ciu­dadana –que en el caso bogo­tano se ha vuelto benedictina– vive ahogada entre huecos, caos vehicular, impuestos, inseguri­dad y desesperanzas. Leído el libro y, sobre todo, vistas o pre­sentidas las obras que caminan como consecuencia de una gran reciedumbre y una silenciosa y productiva labor a largo plazo, es sensato cambiar de opinión.

Si hasta hace poco nadie daba nada por el futuro político de Jaime Castro, puede pen­sarse hoy que su carrera pú­blica, lejos de troncharse, ha tomado impulso. Y me parece intuir que la base del milagro es este libro redentor. Cae al dedi­llo el refrán español: «En política se debe tener paso lento, mirada larga, diente de lobo y cara de bobo».

Pueden distinguirse varios hechos determinantes para que la imagen de Jaime Castro recupere su prestigio. Está, en primer lugar, el Estatuto Orgánico de Bogotá (ley 1ª de 1992), pieza funda­mental para que la Alcaldía re­cupere en lo sucesivo la autono­mía que tenía que compartir con el Concejo y que llevaba al ne­fasto reparto burocrático que frenaba a la administración. El Alcalde era un prisionero de la clase política. Al quedar deslin­dados los poderes, quien manda es el burgomaestre y quien le­gisla, el Concejo.

Estas memorias revelan la tarea titánica que tuvo que ade­lantar Castro para conseguir la aprobación del estatuto, en lucha contra poderosos enemi­gos, como el propio Presidente de la República, que no fue solidario con Bogotá (el único país del mundo donde los gobiernos nacionales no le ayudan a la capital); o el ministro Hacienda, que actuó muchas veces contra los intereses de la ciudad; o el ministro de Justicia, que como vocero de Cundinamarca actuó en llave con el Gobernador por creer ellos que el estatuto perjudicaría al departamento; o el concejal Dimas Rincón, cuyo asistente presentó varias demandas contra el estatuto. «La batalla la libré solo –se queja el Alcalde–. El Gobierno jamás fue a las Cámaras. No ayudó el liberalismo. No ayuda­ron los medios de comunica­ción…»

Esta herramienta jurídica, cuyos efectos más importantes consisten en el desmonte de la coadministración, la autonomía fiscal, la moralización y la descentralización, le permitirá a Antanas Mockus gobernar sin las presiones políticas que pesa­ban sobre sus antecesores.

Jaime Castro ha sido el gran alcalde moralizador de Bogotá, lo que hasta ahora comienza a apreciarse. No fue hombre de componendas, cocteles o almuerzos comprados. No supo, ni quiso, maquillar su imagen, y por eso no tuvo buena prensa. Trabajaba en silencio hasta 16 horas diarias. Siendo hombre modesto, se cree de bajo perfil y se sonroja si hace el ridículo en público.

«Perder ese rubor -mani­fiesta- es hoy indispensable para ser buen funcionario ante muchos».

Con el autoavalúo fortaleció las finanzas para su sucesor, y sucesores, a quienes además les deja beneficios tangibles como los siguientes: nueva forma de gobierno y administración; privatización del servicio de aseo, y la Edis liquidada; Plan Vial, Santafé I; proceso de descentralización; primeros pasos para la descontaminación del río Bogotá.

Todo esto no se valora hoy en su justa medida. Mañana se reconocerá. Se sabrá, además, que fue una de las administraciones más serias que ha tenido la capital. Con coraje y dignidad resistió todo el palo que quiso dársele (condición de los Aries, signo al cual también me honro en pertenecer) y hoy ofrece hechos positivos.

Comenta que el mayor problema de Bogotá (cuyo cambio de nombre por el de Suntafé de Bogotá no fue propuesta suya, como se ha creído, sino de Ricaurte Losada) es la falta de cultura cívica de sus habitantes, que Mockus tratará de corregir. «La falta de civismo –dice– genera actitudes y comportamientos que van desde la indiferencia y la pasividad hasta el vandalismo, pasando por la agresividad y el escepticismo”.

El Espectador, Bogotá, 13-I-1995