Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

El vicepresidente Germán Vargas Lleras anda de casco por todo el país. Aprendió a usarlo como ministro de Vivienda, al liderar con evidente éxito el programa de construcción y entrega de las 100.000 casas gratis ofrecidas a los pobres por el presidente Santos. Y le quedó gustando. Tanto, que ya no se siente bien sin casco, según se lo confiesa a María Isabel Rueda. Ella le hace esta anotación: “A veces hasta creo que duerme con el casco puesto”.

“Mire –responde Vargas Lleras–, a mí me encanta visitar las regiones, ir a las obras, reunirme con la gente, constatar en terreno lo que se avanza y lo que falta, es lo que siempre he hecho. Y lo del casco, que tanta risa le da, también lo convertimos en un símbolo. Ridículo me vería de corrosca o sombrero en las obras, que es donde ahora me la paso”.

El casco, pues, queda instituido como insignia del Gobierno. Lo mismo la paloma de la paz, que con tanto énfasis, y con claro desafío para el expresidente Uribe, ostenta Santos en el ojal de sus sacos. Dudo, sin embargo, que los ministros se matriculen en la moda del casco. Ellos prefieren el vestido de corte inglés, la camisa extrafina, los zapatos de alta etiqueta. ¿Qué necesidad tienen de meterse en el barro? ¿Por qué rebajarse a la condición de obreros, como pretende serlo Vargas Lleras? Asunto de conveniencia, claro está.

Lo que pasa es que los ministros, o la mayoría de ellos, no tienen ambiciones o posibilidades presidenciales. En cambio, Vargas Lleras sí las tiene. Y como las tiene, le luce el casco. Este símbolo dará votos dentro de cuatro años, por qué no. Lo cual no significa que él vaya a parapetarse en un rótulo ficticio. No: él sabe trabajar por el país. Ya lo demostró. Y también por su futuro político.

Con casco, va a enfrentar el reto de las carreteras, del agua potable y de la vivienda popular. Piensa revolucionar el atraso vergonzoso de la infraestructura, concluir  el túnel de La Línea, impulsar las obras de Cuarta Generación, 4 G… Grandes proyectos, con inversiones billonarias, caben en el casco vicepresidencial.

Veo al Vicepresidente muy activo, muy ejecutivo, muy empujador del progreso. El casco le imprime bríos, sin duda. Con él puesto, le da paladas a la transformación social que anuncia. Y que ojalá cumpla. Lo único que lamento, y lamentamos muchos, es que haya olvidado su promesa de hacerle justicia al sector de los pensionados. Oigamos sus propias palabras:

“No hay derecho y no puede ser que cualquier trabajador colombiano esté cotizando en materia de salud el 4% y los jubilados el 12%. Los jubilados en Colombia no tienen ingresos diferentes, por lo que vamos a unificar el régimen para que los pensionados coticen en igualdad de condiciones a como lo hacen todos los trabajadores del país”.

Lindo enunciado. Fue la misma posición del candidato Santos. Ambos, claro, estaban en campaña electoral. Buscaban votos. Ya elegidos, sus palabras se las llevó el viento. Ahora sale el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como voz cantante del Gobierno (con facultades para mandar y desmandar, lo que no se entiende), a pedir que se archive el proyecto de ley 183 de 2014 que busca corregir la injusticia del régimen pensional.

 ¿Será que el casco sirve también para no dejar oír la inconformidad popular? ¿Será que el casco hace olvidar con tanta facilidad las promesas electorales? La gente pide que se cumpla la palabra empeñada, y la respuesta se ha hecho esperar. Este símbolo que exhibe por todo el país el vicepresidente Vargas Lleras no debería ser elemento de ilusionismo, y menos de engaño.

 El Espectador, Bogotá, 3-X-2014.
Eje 21, Manizales, 3-X-2014.

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Comentarios:

Increíble que al pensionado, que la gran mayoría es con lo único con que cuenta mes a mes, le vayan a incumplir las promesas de campaña de unificar al 4% el pago por salud. ¿Será que la insensibilidad de nuestro Congreso llegará al punto de archivar un proyecto más que justo y que los pensionados llevan reclamando con todo derecho hace años? Guicama (correo a El Espectador).

Nuestros políticos se ponen cascos, botas y todo lo que necesiten con tal de simpatizar a los electores. ¿Nos hemos preguntado cuánto nos cuesta un congresista?, ¿cuánto nos cuesta sostener a un magistrado?, ¿y cuál es el beneficio para el país por su trabajo? ¡Qué desigualdad tan grande entre el colombiano del común y muchos funcionarios! Dios ayude a esta pobre Colombia adolorida y desigual. Orlando Páez Barón, Bogotá.

Me parece que da usted en el clavo, con su fina ironía, al describir los recorridos del Vicepresidente con un casco en la cabeza, preparando su campaña presidencial. Hace muy bien al citar la promesa que él y Santos hicieron a los pensionados, cuando buscaban, y con mucho afán, sus votos. Como usted dice, este engaño no puede tolerarse. Los pensionados no podemos seguir siendo los «trompos de poner». Que se quiten no sólo el casco, sino la máscara que les ha permitido llegar  a donde están. El Vicepresidente debe ir  al Congreso y defender lo que él, y el Presidente, prometieron en campaña. En cuanto al ministro Cárdenas, creo que debemos declararlo «persona non grata… ad aeternum«. Jorge Mora Forero, Weston (USA).

Vargas Lleras anda por el país haciendo politiquería ventiada. Quiere que su Cambio Radical sea sólo de nombre para seguir de lado de las élites que tienen sumido a Colombia desde 1819 en sangre y corrupción. Es por eso que se ‘mueve’ tanto, pero en el fondo, muy en su interior, desprecia las manos callosas que estrecha de la gente humilde. Nadie, pero nadie de la aristocracia criolla podrá convencernos de su ‘filantropía’. Demagogia. Agualongo (correo a El Espectador).

Por: Gustavo Páez Escobar

Hay más de 1 millón 200 mil colombianos que reciben mesada en Colpensiones, y con las otras entidades que cubren esta prestación, la cifra se eleva a 2 millones. No es mucho el número de beneficiados, sobre la base de 47 millones de habitantes. Sin embargo, este sector se ha convertido en una carga para las finanzas públicas y en un dolor de cabeza para los gobernantes.

El trabajador cotiza para su jubilación durante toda una vida laboral, y cuando le llega la época del retiro, el ingreso que recibía sufre sensible disminución, tanto por el mecanismo de la liquidación, como por el aumento de la cuota para salud, que pasa del 4% al 12%. Además, el sistema del reajuste anual de la pensión, que se hace con el índice de la inflación y no con el factor del salario mínimo que efectúa la generalidad de las empresas, deprecia más aún la mesada.

Gracias a la eficaz labor del exministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda, la Comisión  Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en mayo, en primer debate, el proyecto de ley 183 de 2014, que busca disminuir la cotización para el régimen de salud del 12% al 4%.

Con esta medida, podría pensarse que los pensionados cuentan. Sí: cuentan en la época electoral. Cuentan como población desamparada de la que no se acuerdan ni los gobiernos, ni los políticos, ni los legisladores. Los pensionados no tienen dolientes. Se les trata como un sector marginal de la sociedad.

Los paros agrario, cafetero y papero, que pusieron en jaque al país, fueron resueltos mediante la asignación de recursos del presupuesto nacional. Pero como los pensionados ya no tienen fuerzas para hacer huelgas, sus justas peticiones son ignoradas. Sin embargo, ellos producen votos. Esto movió al candidato Santos a hacer esta manifestación en los momentos de la mayor agitación electoral:

 “Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Eso en plata blanca quiere decir que se aumenta el ingreso (…)  Ustedes han sido las víctimas de un sistema lleno de dificultades, de burocracias, inclusive de corrupción”.

 En el mismo sentido se pronunció el candidato a la Vicepresidencia, Germán Vargas Lleras: “No hay derecho y no puede ser que cualquier trabajador colombiano esté cotizando en materia de salud el 4% y los jubilados el 12%. Los jubilados en Colombia no tienen ingresos diferentes, por lo que vamos a unificar el régimen para que los pensionados coticen en igualdad de condiciones a como lo hacen todos los trabajadores del país”.

A solo pocos meses de extinguirse el fragor de las urnas, el ministro de Hacienda adopta la decisión contraria: pide que se archive el proyecto de ley por “amenazar la sostenibilidad fiscal”. La pregunta es obvia: ¿qué vale la palabra del presidente y del vicepresidente? Que se sepa, ellos no han dicho nada. La voz divergente dentro del mismo Gobierno causa desconcierto y frustración en el gremio de los pensionados. Los sacrificados de siempre. Queda de relieve el afán de imponer el ánimo fiscalista sobre la equidad social.

El Espectador, Bogotá, 5-IX-2014.
Eje 21, Manizales, 5-IX-2014.

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 Comentarios:

 Gracias, muchas gracias por su interesante columna publicada hoy en El Espectador en la que expone con claridad y elocuencia la justicia que clamamos los pensionados al Gobierno Nacional. Su importante columna ya está circulando en las redes de pensionados. Ojalá pudiera subirse a las redes sociales. Antonio Guihur Porto, Barranquilla.

Por: Gustavo Páez Escobar

Colombia es uno de los países más desiguales tanto de Latinoamérica como del mundo. Esta calificación la da el índice ‘Gini’, que mide la pobreza y el ingreso de todas las naciones. Dicho resultado es penoso para un país como el nuestro que posee inmensas riquezas, y que sin embargo no sabe distribuirlas en forma justa. En el 2012 pasamos del puesto 6 al 19 dentro del grupo de los 48 países más desiguales del orbe, y del 3 al 7 en Latinoamérica. Bastante se ha progresado en la lucha contra la pobreza, pero aún queda mucho por hacer.

Veamos algunas evidencias de la triste realidad colombiana. Tres de cada cinco ciudadanos que trabajan se dedican a oficios informales y no aportan al régimen pensional. Alrededor de 2,6 millones de ancianos viven en la pobreza. Un millón reciben del Sisbén menos de 100 mil pesos mensuales de subsidio. Más de la mitad de los pensionados (unos 749 mil) tienen pensiones inferiores a dos salarios mínimos,  y buena parte reciben un solo salario mínimo.

En el primero de estos casos la pensión máxima es de 1 millón 179 mil pesos, y en el segundo, de 589 mil pesos. ¿Con estas cifras puede subsistir una persona en forma digna? Frente a tales guarismos está el de las pensiones millonarias, superiores a los 25 salarios mínimos fijados por ley de 1994, tope que se violó para más de mil pensionados (entre ellos, excongresistas y exmagistrados). La pensión más costosa del Congreso asciende a 28 millones de pesos (alrededor de 48 salarios mínimos), y el promedio de las pensiones de este organismo es de 20 millones de pesos (34 salarios mínimos).

Esta simple comparación permite deducir por qué Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Lo que existe en el régimen pensional se presenta en diversos campos de la vida económica. Uno de ellos es el de la alta concentración de la propiedad de la tierra. Otro, el del sector financiero, explotado en gran escala por  magnates que cada vez se enriquecen más a expensas de los usuarios. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que algunas entidades cobren más del 30 por ciento de interés por una tarjeta de crédito, mientras la tasa fijada por el Banco de la República es de 3,25 por ciento?

Desde años atrás la opinión pública clamaba por que se frenara el tren arrasador de las megapensiones. La bomba pensional estallaría en corto tiempo y haría colapsar no solo al sistema pensional sino al erario. En diez años el costo de las pensiones sería de 467 billones de pesos, mientras los aportes al sistema solo llegarían al 40 por ciento de ese monto.

El dicho de que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, válido en  serias coyunturas del país, tuvo efecto en este caso. La situación no daba más espera. Había tocado fondo. El Gobierno y la Contraloría jugaron cartas importantes para poner fin a los abusos que se venían cometiendo.

La demanda que presentaron dos abogados para enderezar semejante desvío de la legalidad, que contaba con complacencias inexplicables, tuvo acertada respuesta de la Corte Constitucional: a partir del primero de julio las pensiones no podrán sobrepasar el tope de 25 salarios mínimos, es decir, 14,7 millones de pesos. Se exceptúan la del Presidente de la República y las de la Fuerza Pública, que tienen regímenes especiales. Además, el fallo ordena revisar y reliquidar otras pensiones obtenidas de manera fraudulenta, muchas de las cuales se perderán en su totalidad.

Ha sido un fallo valiente. Las presiones y los intereses que había en contra eran poderosos. Pero al fin se hizo justicia. Y se rescataron los principios de equidad, solidaridad e igualdad. Ojalá este fallo histórico contribuya para obtener otros logros que se hacen esperar. Así, podremos avanzar, ojalá en forma significativa, en la próxima evaluación del índice ‘Gini’.

El Espectador, Bogotá, 14-V-2013.
Eje 21, Manizales, 10-V-2013.
La Crónica del Quindío, Armenia, 11-V-2013.

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Comentarios:

Magnífico artículo. Una sustentación que envidiarían los economistas actuariales. Alpher Rojas, Bogotá.

Esta equidad debe aplicarse más estrictamente a los sueldos en Colombia, y tanto para privados como para públicos el sueldo máximo no debería superar 20 veces el sueldo mínimo. Así se va bajando el desequilibrio existente en nuestro país. Jomijar (correo a La Crónica del Quindío).  

Me molesta que haya excepciones en las pensiones. Donde las hay, los ciudadanos no son iguales ante la ley. El Presidente de la República debería dar ejemplo. Recordemos a Mujica, en Uruguay. En cuanto a la Corte Constitucional: han tenido que fallar, básicamente, los conjueces y, por lo que dice la Revista Semana, ha sido un sacerdote de la Javeriana su principal artífice. De lo contrario, se hubieran dejado los privilegios. Pienso que Colombia necesita una cirugía profunda de arriba abajo, que no se llevará a cabo con esta politiquería que ha remplazado la política. Jorge Mora Forero, colombiano residente en Estados Unidos.

Por: Gustavo Páez Escobar

Circula por internet un correo enviado por Antonio Guihur Porto, en el cual anuncia la presentación de un derecho de petición ante la Corte Constitucional para que se revise, con base en el derecho a la igualdad, el incremento de las pensiones de jubilación (el 3,17%, o sea, el índice de la inflación). Su petición cobija otros aspectos del régimen pensional.

En las discusiones del  salario mínimo, al cual se le fijó en principio un aumento del 3,4%, y luego, por intervención del Presidente de la República, se elevó al 4%, nadie tuvo en cuenta a los jubilados. Por su parte, las empresas planean subir los sueldos el 4,3%, en promedio. Mientras tanto, las pensiones de jubilación pierden cada vez mayor poder adquisitivo, sin que existan voceros que defiendan a este sector.

En la petición del señor Guihur Porto hay cuentas muy claras, y perjudiciales para los jubilados, sobre la depreciación de las pensiones en razón de los mecanismos existentes. Este es el texto de dicho documento, el que además fue remitido al vicepresidente Angelino Garzón y a los ministros de Protección Social y de Hacienda:

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“¿Es justo que a los pensionados en Colombia se les incremente anualmente sus mesadas pensionales en un porcentaje inferior al pactado para el aumento del salario mínimo? ¿Cuál es el fundamento legal para esta discriminación con los pensionados? Como se sabe, a los pensionados se les aumenta su mesada pensional al inicio de cada año con base en el IPC (índice de precios al consumidor), un porcentaje que además de estar siempre fuera de la realidad económica del país, cada año está por debajo del porcentaje que se conviene para el incremento del salario mínimo. ¿Por qué? ¿Dónde queda el derecho fundamental de la igualdad expresamente establecido en la Constitución Política de la República?

“Los pensionados, durante toda su actividad laboral productiva, siempre aportaron, al igual que los trabajadores activos actuales, los mismos porcentajes para aportes parafiscales, y teniendo en cuenta que los pensionados por su edad ya no son elegibles como trabajadores, ¿por qué se les discrimina de esta manera mermándoles cada el valor adquisitivo de su mesada pensional con relación al salario mínimo legal? El sólo hecho de estar pensionado en Colombia, el pensionado ya ha tenido una merma considerable de sus ingresos económicos con relación a su último salario alcanzado; veamos por qué:

“1) Tanto el Seguro Social como las otras entidades oficiales y privadas obligadas a reconocer pensión calculan el valor de la mesada pensional  de acuerdo con el ingreso base de liquidación(IBL) alcanzado por el afiliado, que como es obvio, por ser un promedio de los últimos 10 años, el tal ingreso base de liquidación siempre será inferior al último salario del afiliado (primera causal de la merma salarial).

“2) Sobre este ingreso base de liquidación (IBL) se aplica el 75%, es decir, se disminuyen más aún los ingresos salariales que tenía el afiliado en un 25% cuando se pensiona (segunda causal de la merma salarial en un 25%).

“3) Sobre el valor de la mesada pensional liquidada, al pensionado se le descuenta directamente de su pensión el 12% para aporte de salud, es decir, un 8% más que cuando era empleado porque como tal, para aporte de salud solamente se le descontaba de su salario el 4% ya que el empleador aportaba el otro 8% (tercera causal de la merma salarial en un 8%).

“Si tan sólo sumamos los anteriores porcentajes de las mermas salariales (25% + 8%), esto representa un total de merma salarial de un 33%, o sea, que el pensionado recibe una mesada equivalente, aparentemente, a tan sólo 67% de lo que eran sus ingresos reales como trabajador y esto sin tener en cuenta la disminución que implica el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL).

“Veamos el ejemplo de un trabajador modesto que su último salario fue de $ 3.000.000. Su pensión, sin incluir el cálculo del IBL, queda en $ 1.980.000, resultado de: 75% de $ 3.000.000 = $ 2.250.000, menos el 12%  de $ 2.250.000 = $ 1.980.000 que representa el 66% de su último salario de $ 3.000.000.

“Luego entonces, a ese trabajador, ya pensionado, se le rebaja su calidad de vida y la de su familia, y si a esto le incluimos el hecho de que anualmente al pensionado se le incrementa su mesada con base en el porcentaje del IPC y no con base en el porcentaje del incremento del salario mínimo, cada año irán quedando rezagados los ingresos de un pensionado. ¿Es justa esta situación de los pensionados en Colombia? La Honorable Corte Constitucional tiene la palabra. Antonio Guihur Porto – C.C. 9.057.983 – Email: aguihur@gmail.com”.

El Espectador, Bogotá, 25-I-2011.
Eje 21, Manizales, 25-I-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 29-I-2011.
Mirador del Suroeste, No. 38, Medellín, marzo de 2011.

Por: Gustavo Páez Escobar

Si se hiciera realidad el proyecto del Gobierno de congelar por la vía del referendo, durante los años 2003 y 2004, las pensiones de jubilación del sector público que superan la suma de dos salarios mínimos ($618.000), se daría duro golpe a esta población. Al rebajar los derechos adquiridos y desconocer los principios de la igualdad y la justicia social, la norma se convertiría en antecedente peligroso y funesto para ejecutar en el futuro actos de igual o peor naturaleza.

Si bien debe aceptarse que para solucionar los graves desajustes financieros que registra la nación es preciso adoptar medidas severas, no resulta razonable que se lleve el rigor hasta el punto de cercenar los sufridos recursos que representa la pensión de jubilación.

En países de verdadera sensibilidad social –y Colombia está muy lejos de tener esa honrosa distinción–, la tercera edad recibe el mejor trato de las leyes tributarias y la mayor consideración de la ciudadanía. Allí esa persona goza de especiales servicios del Estado en los ramos de la salud y la vivienda y se le concede una serie de privilegios y exenciones de hondo sentido humano. Hasta para atravesar una calle, el transeúnte de la tercera edad obtiene preferencia.

Aquí es un ciudadano de tercera categoría (exceptuando a los privilegiados que gozan de las irritantes prebendas que los Gobiernos les han permitido). No es justo que el pensionado tenga que aportar para salud el 12 por ciento de su mesada, cuando antes de jubilarse sólo pagaba la tercera parte de la tarifa, y el resto el patrono. Resulta inconcebible que además se le quiera fijar una tabla de retención en la fuente.

Parece que con estos recortes se quisiera cobrar a los más débiles del sistema los descalabros ocurridos por imprevisión, tolerancia o ineptitud oficial, situación que a lo largo del tiempo ha permitido la realización de incontables delitos contra el fisco, abusos y excesos inauditos (como ocurre con los regímenes especiales y las pensiones exorbitantes).

Hoy, cuando el mal hizo crisis, se acude a métodos desenfocados como el que se pretende implantar. Teniendo en cuenta el desacierto de esta fórmula discriminatoria, cabe esperar que se le declare inconstitucional por violar el principio de la igualdad y disminuir la capacidad adquisitiva. En el anterior Gobierno, cuando el ministro de Hacienda decretó la congelación de los salarios estatales, la Corte Constitucional hizo revocar dicha medida por infringir los derechos antes señalados.

Por vía de ejemplo, y suponiendo una inflación del 6 por ciento para cada uno de los años a que se refiere el proyecto, veamos lo que sucedería con una pensión de $618 mil (que aumenta con el índice de la inflación), y otra de $ 619 mil (que permanece congelada). La mínima diferencia de mil pesos, que beneficia al primer caso y perjudica al segundo, permite que la pensión inferior le tome buena distancia a la mayor, sin modo de corregir este adefesio en el futuro, ya que el incremento perdido se vuelve irrecuperable.

En esta hipótesis, la pensión menor sube a $694 mil en el segundo año, lo que determina una ventaja de $75 mil sobre la que era superior. Y como la pensión castigada se reduce mucho más con el deterioro monetario, su capacidad adquisitiva en moneda del año 2004 (aplicado el 12 por ciento de inflación) no será de $619 mil sino de $545 mil.

La cuota tributaria de esta pensión –o sea, lo que dejará de percibir– representa en los dos años $891 mil (casi mesada y media), cifra con la que el ciudadano discriminado remediaría no pocos apremios económicos. Si cada persona excluida del aumento hace su propia cuenta, sabrá cuál sería su sacrificio y de qué manera disminuiría el modesto nivel económico que había alcanzado luego de largos años de servicio público.

No es justo ni sensato el propósito de remediar penurias fiscales recortando los derechos adquiridos. Las numerosas cuotas impositivas con las que se busca taponar la crisis financiera, y que mantienen a los colombianos en estado de perturbación, con el consiguiente desafecto que crece hacia el Gobierno y los legisladores, no pueden llegar hasta el extremo del despojo, vocablo apropiado para calificar la merma pensional que trata de cometerse contra indefensos ciudadanos.

El Espectador, Bogotá, 16-I-2003.