El regreso de los desplazados
Por: Gustavo Páez Escobar
Si la ley de víctimas y restitución de tierras que acaba de aprobar el Congreso consiguiera en dos o tres años el retorno a sus predios de siquiera la mitad de los desplazados del país, se habría dado el paso más trascendental en materia social de toda la historia.
Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de desplazados en el mundo. No hay certeza sobre cuál es el número de víctimas que, hostigadas por la guerrilla y los traficantes de tierras, han tenido que abandonar sus propiedades rurales para huir a los centros urbanos. De acuerdo con registros del Gobierno, esta cifra es de tres millones, pero según Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos) llega a cinco millones.
En ambos casos, la cifra es alarmante. Al paso de los años, y debido a la ausencia de políticas efectivas en este terreno, el problema se ha agudizado de manera catastrófica. La alta población de seres despojados de sus tierras y sometidos a toda clase de suplicios, y que han creado en las ciudades verdaderos cinturones de miseria, representa una vergüenza para Colombia ante el mundo entero.
Siempre que se ha pretendido buscar alivio y reparación para estos colombianos en desgracia, los obstáculos que se presentan son de tal magnitud, que el mal se ha dejado avanzar. El solo aspecto económico es tan gigantesco, que ningún gobierno ha querido encararlo. En los enunciados expuestos por Santos en su campaña presidencial, le dispensó especial atención a esta encrucijada y ofreció medidas audaces para intentar soluciones de fondo.
Como buen financista, sabe que el regreso de los desplazados a sus parcelas significaría el incremento de la producción agrícola. El florecimiento de los campos ayudaría a mover una de sus locomotoras. Estrategia de doble filo: no solo remediaría la suerte de los miles de compatriotas sacrificados por la violencia, sino que le daría un revolcón a la agricultura, con indudable beneficio financiero para el país.
Contando con el respaldo de las fuerzas parlamentarias, pudo estructurarse uno de los mecanismos mejor ideados para acometer semejante empresa. La ley aprobada establece resortes que se anuncian eficaces para que los campesinos despojados de sus tierras obtengan su restitución o reparación en trámites cortos y efectivos, y puedan volver a laborar sus cosechas y vivir con tranquilidad.
Se habla de seis millones de hectáreas que deben ser recuperadas: dos millones usurpadas por los violentos, y los cuatro millones restantes abandonadas debido a la presencia de la guerrilla. ¿Cuánto dinero se necesita para que el plan tenga cabal realización? Nadie ha podido establecer una cifra aproximada, pero se sabe que es astronómica. Acaso 60 u 80 billones, según algún cálculo aventurado. Como el plazo para la ejecución es de diez años, puede pensarse que el manejo se vuelve flexible.
La ciencia de esta medida consiste en taponar los vericuetos de la trampa y la defraudación para que las artimañas que han de tender los avivatos de siempre sean reprimidas con acciones severas, y los beneficios lleguen a las auténticas víctimas de esta desgracia nacional. El ejército de testaferros y abogados que ya hizo de las suyas en el caos actual de las tierras, afina ahora sus tentáculos para pescar en río revuelto.
Pero el presidente Santos está dispuesto a no dejarse ganar la partida. En manos suyas y de los organismos de control está demostrar que, si el camino es tortuoso, existen las claves para conjurar los peligros. Las dificultades son múltiples. Lo más importante ahora es haber dado este paso histórico que los presidentes anteriores rehusaron por complejo y desgastador.
El Espectador, Bogotá, 1-VI-2011.
Eje 21, Manizales, 2-VI-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 4-VI-2011.