¡Pobres pensionados!
Por: Gustavo Páez Escobar
Si se hiciera realidad el proyecto del Gobierno de congelar por la vía del referendo, durante los años 2003 y 2004, las pensiones de jubilación del sector público que superan la suma de dos salarios mínimos ($618.000), se daría duro golpe a esta población. Al rebajar los derechos adquiridos y desconocer los principios de la igualdad y la justicia social, la norma se convertiría en antecedente peligroso y funesto para ejecutar en el futuro actos de igual o peor naturaleza.
Si bien debe aceptarse que para solucionar los graves desajustes financieros que registra la nación es preciso adoptar medidas severas, no resulta razonable que se lleve el rigor hasta el punto de cercenar los sufridos recursos que representa la pensión de jubilación.
En países de verdadera sensibilidad social –y Colombia está muy lejos de tener esa honrosa distinción–, la tercera edad recibe el mejor trato de las leyes tributarias y la mayor consideración de la ciudadanía. Allí esa persona goza de especiales servicios del Estado en los ramos de la salud y la vivienda y se le concede una serie de privilegios y exenciones de hondo sentido humano. Hasta para atravesar una calle, el transeúnte de la tercera edad obtiene preferencia.
Aquí es un ciudadano de tercera categoría (exceptuando a los privilegiados que gozan de las irritantes prebendas que los Gobiernos les han permitido). No es justo que el pensionado tenga que aportar para salud el 12 por ciento de su mesada, cuando antes de jubilarse sólo pagaba la tercera parte de la tarifa, y el resto el patrono. Resulta inconcebible que además se le quiera fijar una tabla de retención en la fuente.
Parece que con estos recortes se quisiera cobrar a los más débiles del sistema los descalabros ocurridos por imprevisión, tolerancia o ineptitud oficial, situación que a lo largo del tiempo ha permitido la realización de incontables delitos contra el fisco, abusos y excesos inauditos (como ocurre con los regímenes especiales y las pensiones exorbitantes).
Hoy, cuando el mal hizo crisis, se acude a métodos desenfocados como el que se pretende implantar. Teniendo en cuenta el desacierto de esta fórmula discriminatoria, cabe esperar que se le declare inconstitucional por violar el principio de la igualdad y disminuir la capacidad adquisitiva. En el anterior Gobierno, cuando el ministro de Hacienda decretó la congelación de los salarios estatales, la Corte Constitucional hizo revocar dicha medida por infringir los derechos antes señalados.
Por vía de ejemplo, y suponiendo una inflación del 6 por ciento para cada uno de los años a que se refiere el proyecto, veamos lo que sucedería con una pensión de $618 mil (que aumenta con el índice de la inflación), y otra de $ 619 mil (que permanece congelada). La mínima diferencia de mil pesos, que beneficia al primer caso y perjudica al segundo, permite que la pensión inferior le tome buena distancia a la mayor, sin modo de corregir este adefesio en el futuro, ya que el incremento perdido se vuelve irrecuperable.
En esta hipótesis, la pensión menor sube a $694 mil en el segundo año, lo que determina una ventaja de $75 mil sobre la que era superior. Y como la pensión castigada se reduce mucho más con el deterioro monetario, su capacidad adquisitiva en moneda del año 2004 (aplicado el 12 por ciento de inflación) no será de $619 mil sino de $545 mil.
La cuota tributaria de esta pensión –o sea, lo que dejará de percibir– representa en los dos años $891 mil (casi mesada y media), cifra con la que el ciudadano discriminado remediaría no pocos apremios económicos. Si cada persona excluida del aumento hace su propia cuenta, sabrá cuál sería su sacrificio y de qué manera disminuiría el modesto nivel económico que había alcanzado luego de largos años de servicio público.
No es justo ni sensato el propósito de remediar penurias fiscales recortando los derechos adquiridos. Las numerosas cuotas impositivas con las que se busca taponar la crisis financiera, y que mantienen a los colombianos en estado de perturbación, con el consiguiente desafecto que crece hacia el Gobierno y los legisladores, no pueden llegar hasta el extremo del despojo, vocablo apropiado para calificar la merma pensional que trata de cometerse contra indefensos ciudadanos.
El Espectador, Bogotá, 16-I-2003.