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Abuso del libro

sábado, 28 de enero de 2012

Por: Gustavo Páez Escobar

Una ley del siglo XIX, cuan­do en Colombia existían otros patrones culturales, estimula la escritura de textos de enseñan­za y la edición de periódicos pedagógicos o didácticos al reco­nocer dos años de servicio en cada caso. Reza así la ley 50 de 1886, en su artículo 13, inciso 2:

«La producción de un texto de enseñanza que tenga la apro­bación de dos instituciones o profesionales, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos ca­sos el autor o editor haya reci­bido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectiva­mente a dos años de servicio prestados a la institución públi­ca».

Esta norma tuvo un razona­ble efecto en la época de su expe­dición. Se buscaba incentivar el talento y la creativi­dad en bus­ca de textos eruditos, editados en libros y en periódi­cos, que sirvieran de material educativo para la superación del pueblo. El todo no era publicar por publicar, sino que el respec­tivo trabajo, en caso de tratarse de un libro, debía ser de enseñan­za y además aprobado por dos instituciones o profesores, que en aquellos tiempos los había rigurosos y eminentes.

Y en el caso de un periódico, debía tener exclusivo carácter pedagógico o didáctico. En cual­quier de las dos circunstancias era necesario que tales publica­ciones, para ser merecedoras de los años de servicios concedidos como premio, no hubieran teni­do financiación del tesoro pú­blico.

Pero como el colombiano es experto en desviar el espíritu de las leyes, a lo largo del tiempo aquella disposición se ha pres­tado para abusos inauditos. Si se revisaran las pensiones de los congresistas que se han benefi­ciado con dicha prerrogativa, se destaparían situaciones aberrantes. Se vería que en la mayoría de los casos la sana in­tención de la ley ha sido apro­vechada para completar tiempo de servicio no trabajado y que no es lícito compensarlo con méritos no ganados.

La Fiscalía investiga hoy a 44 ex parlamentarios que han ob­tenido la pensión de jubilación con base en presuntas falseda­des o inconsistencias de varia­da índole. Uno de ellos presen­tó una obra en dos volúmenes, y por cada uno de ellos hizo va­ler dos años de servicios. Otros lograron el reconocimiento por libros editados por instituciones públicas (libros de dudosa utili­dad didáctica). Una revista en la que el agraciado era miembro del consejo de redacción (revis­ta que se hizo aparecer como de «valor didáctico») sirvió para ha­cer cumplir los 20 años de ser­vicios legales.

En este país de tramposos se asalta a cada rato el tesoro pú­blico con artimañas y pruebas falsas, mientras los fondos de pensiones están en la ruina. La mayor ruina de Colombia es la quiebra de la moral.

La Crónica del Quindío, Armenia, 18-IV-2000.

 

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