Carrera administrativa
Salpicón
Por: Gustavo Páez Escobar
He tenido oportunidad de conocer, por amable envío que me hace el periodista Alpher Rojas Carvajal, jefe de Información y Prensa del Departamento Administrativo del Servicio Civil, el proyecto de ley presentado por el Gobierno a consideración del Congreso, por el que se regula la administración de los empleados públicos al servicio de los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y establecimientos descentralizados del orden territorial.
Se busca extender la carrera administrativa a todas las entidades públicas, la que sólo rige ahora, con las deficiencias conocidas, para los empleados nacionales. Esta norma se promulgó por primera vez, para todas las ramas de la administración, por medio de la ley 165 de 1938, pero no ha funcionado. Más tarde, por medio del decreto 1732 de 1960, se dispuso que la carrera abarcara a los departamentos y municipios, y tampoco se logró su efectividad.
Ahora se recogen disposiciones dispersas que contribuyan a mejorar la administración pública, haciéndola no sólo más ágil sino también más confiable. El primer paso consiste en formar una conciencia de superior servicio a la comunidad mediante la implantación de reglas modernas y técnicas, la selección y capacitación de los empleados y el señalamiento de pautas claras para permanecer en el cargo o ser descalificado de él.
Establecido el criterio de que la única condición para ser servidor del Estado es la de la aptitud y los méritos, lo que anula el absurdo mecanismo de las recomendaciones y los vetos políticos, estarían sujetos al régimen de libre nombramiento y remoción los altos funcionarios que de manera taxativa se señalan en el estatuto.
En esta forma habría no sólo mayor eficiencia en las oficinas públicas, eliminando los sobresaltos originados por el cambio gubernamental, sino que se brindarían las condiciones de estabilidad y bienestar para los sufridos y desprotegidos empleados de la masa.
La carrera administrativa es un paso civilizado que está en mora de darse. La pide la seguridad social del país. Y la rechazan los caciques políticos. Los empleados rasos, sometidos al oprobio de cuotas económicas y la sumisión a sus patrocinadores, no cuentan con ninguna base de seguridad laboral. Viven temerosos y amargados, expuestos como se hallan a quedar en la calle ante cualquier capricho de su tutor, y sobre todo por falta de éste cuando cambian las reglas de juego. En el momento el empleado público no necesita aptitudes ni requisitos morales, sino padrino.
Con padrino habrá ascensos, aunque existan deshonestidad y mediocridad. Sin padrino, o sea, sin tabla de salvación, por más honestidad y competencia que se posean, la suerte será negra. El manejo del país bajo tales prospectos no puede ser más desastroso.
Este proyecto de ley ha sido madurado por el doctor Diego Younes Moreno, jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, funcionario competente de quien se esperan resultados positivos en el manejo de su delicada misión.
El Espectador, Bogotá, 17-XI-1986.