Democracia electoral
Por: Gustavo Páez Escobar
Óscar Jiménez Leal, magistrado del Consejo Nacional Electoral y hasta hace poco presidente de la corporación, acaba de publicar el libro que lleva por título Democracia electoral, una aproximación a la crisis política. Todo un manual de orientación y consulta, que contiene valiosas pautas para el ejercicio del voto y propone reformas fundamentales para combatir la corrupción e inculcar en los partidos y en los políticos el sentido de la moral pública frente al país y los electores.
Por desgracia, como lo anota el tratadista, los partidos se han desentendido de sus responsabilidades como instrumentos de la democracia y olvidan que el favor del pueblo debe conquistarse con programas e ideas, y no con dineros soterrados, ni con el empleo de maniobras clientelistas. Mal puede aspirarse al saneamiento de la moral pública cuando la corrupción ejerce en las elecciones, por más experiencias derivadas del proceso 8.000, los efectos desastrosos por todos conocidos.
Una fórmula para contrarrestar el influjo del dinero en la política consiste en que el Estado entre a financiar los costos totales de las campañas políticas, con razonables límites económicos y con igualdad de condiciones para todos les aspirantes. El desborde actual de la propaganda en los medios de comunicación, con costos imposibles de atender para la mayoría, debe moderarse mediante la generalización del gasto para todos los candidatos y la reducción de las campañas a 60 días como máximo.
Cuando los políticos se ven expuestos a gastar más de lo que pueden, por lo general buscan financiarse por medios indecorosos, e incluso ilícitos –como ha sido la costumbre común–, para estar a tono con los competidores en la alocada explosión de los presupuestos. Ya sabemos a lo que conducen tales desvíos de la ética.
A este y otros aspectos neurálgicos, de palpitante actualidad, dedica Óscar Jiménez Leal buena parte de su libro. Con la autoridad que lo asiste como magistrado del Consejo Nacional Electoral, y con el empeño de contribuir a que proyectos que cursan sobre la materia tengan consistencia en el futuro, llama la atención de los poderes oficiales y del público en general para que se corrijan y depuren los mecanismos de las elecciones.
A la vez que se trata de un tratado de derecho al alcance de todos, el espíritu de la obra tiene eminente sentido crítico. Ojalá la lean las entidades competentes del Estado para obtener de ella el debido provecho.
El Espectador, Bogotá, 12-III-1998