Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Una de las bellezas naturales que despiertan mayor admiración en Colombia es la Laguna de Tota. Viajeros de todas las corrientes del mundo se desplazan en forma incesante por los caminos de Boyacá y no consideran completo el itinerario si no llegan hasta este soberbio cuadro que la mano del Creador colocó en el corazón de la patria.

La Laguna de Tota es una referencia necesaria de Colombia. Figura en cualquier guía turística como motivo digno de contempla­ción tanto por la majestad del espectáculo en sí, que compite con los grandes lagos del universo, como por los alrededores fascinantes que forman, en este territorio de los paisajes embrujados, un auténtico paraíso. Paraíso de colorido y emociones. Que es, en sínte­sis, lo que buscan el caminante y el artista.

Alrededor del lago están localizados restaurantes y parajes a la altura de las circunstancias. Exquisitos platos de la cocina criolla o de la internacional, dispensados por manos expertas y al abrigo de gratísima hospitalidad, hacen las delicias de los paladares más exigentes. La trucha, sobre todo,  bocado predilecto, encuentra allí la mejor fórmula culinaria.

Todo contribuye a hacer de este sitio lo que siempre ha sido: un regalo de la naturaleza. Es, por otra parte, un lago encantado, alrededor del cual se han tejido mitos y leyendas; se han creado dioses y ninfas que se refrescan en la tersura de las aguas y duermen en la profundidad de los mares; se han entonado cánticos y se ha fecundado la imaginación de los escritores, los poetas y los artistas para penetrar en el misterio de las obras portentosas.

Pero la Laguna de Tota se está muriendo. Se extingue lentamente. El nivel de las aguas desciende año por año. Los sembradores de cebolla, que hallan sin duda la mejor tierra, enriquecida por la humedad circundante, han invadido las orillas y atentan contra la vida de esta obra prodigiosa. Mientras la cebolla se desarrolla, el lago se evapora.

Es necesario que las autoridades tomen conciencia de la gravedad del problema. A la naturaleza hay que ayudarla, no destruirla. Debe preservarse el patrimonio ecoló­gico para hacer de Colombia un país cada vez más rico en recursos naturales. Hoy por hoy, mediante los atentados que aquí se denuncian, y que no sólo ocurren en Boyacá sino en distintos territorios de la patria, dejamos extinguir muchas fuentes de riqueza y hermosura.

Hay que salvar la Laguna de Tota. Volvamos por la heredad y defendamos con coraje los obsequios de la pródiga naturaleza. Los boyacenses verán si dejan perder uno de sus tesoros más preciados.

Carta Conservadora, Tunja, diciembre de 1986.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Hermoso libro el que con el nom­bre de Café y paisaje, elaborado por Interprint Editores, entra a enri­quecer la bibliografía artística de la tierra colombiana, tan rica en paisajes y productos agrícolas. El café, que no sólo es patrimonio económico sino también belleza ambiental, está consagrado como el grano seductor de los artistas —llámense pintores, fotógrafos, poetas o escritores— y en el motor más poderoso de la economía na­cional.

La lente maestra de Félix Tisnés retrata en deslumbrantes policro­mías el alma campesina que se mueve alrededor de las matas de café y captura el ambiente fantástico de los paisajes y las cose­chas en florescencia.

La presentación de la obra la hace Jorge Cárdenas Gutiérrez, el veterano presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. La dirección editorial y el diseño están a cargo de Juan Manuel y Adelaida del Corral, profesionales del ramo. Y los textos son del escritor y perio­dista José Chalarca, quien en erudita prosa narra la historia del café y aporta valiosos datos para los anales del producto insignia de los co­lombianos.

Es el del escritor Chalarca un vasto ensayo sobre el recorrido, a lo largo de dos siglos y medio, de este per­sonaje de la vida nacional que nace, según la versión más autorizada, hacia el año de 1732, en la Misión Jesuita de Santa Teresa de Tabage, confluencia del Meta con el Orinoco.

En el siglo XVIII se inicia su siembra silenciosa en distintas re­giones del país, pero sólo en la ter­cera década del siglo XIX se indus­trializa. Véase, de ayer a hoy, este contraste significativo: la primera exportación, realizada en 1835, consiste en 2.592 sacos de 60 kilo­gramos; y hoy la producción total del país llega a 12 millones de sacos, de la cual Antioquia aporta 5 millones. El café representa el 50% de nuestras exportaciones, y las obras de in­fraestructura para el sector, conta­bilizadas hasta 1984, pasaban de 41.000 millones de pesos.

Del café viven 5 millones de per­sonas, y 300.000 pequeños agricul­tores poseen fincas de apenas 3 hectáreas en promedio. La zona ca­fetera está con­formada por un millón de hectáreas y éstas se localizan sobre todo en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle.

El cafeto, como lo pregona José Chalarca, es «el néctar negro de los dioses blancos» que, originario de Etiopía, se quedó entre nosotros como la mayor brújula de la pros­peridad colombiana; la cual, como es bien sabido, ha estado expuesta a caídas y angustias, y a veces a reales descalabros, sin que por eso se haya abandonado la vocación cafetera de los colombianos. El café se lleva en la sangre. Es una deidad irrenunciable. Dios y mito, dolor y alegría, paisaje y tradición, vive incrustado en lo más íntimo de nuestras costumbres y se proclama en la conciencia como un estandarte de la nacionalidad.

En este libro, que además repasa la geografía de Co­lombia en sus riquezas minera, ga­nadera, bananera, y se recrea en sus montañas, sus ríos y parajes turís­ticos, se enaltece el significado de la  tierra amable y pródiga y se destaca la trascendencia de la raza forjadora de progreso. Parece como si la patria vibrara en cada una de estas páginas esplendentes.

El Espectador, Bogotá, 13-I-1987.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

La campaña sobre mejoramiento de los servicios públicos ha desper­tado vivo interés en todo el país. Los colombianos nos hemos resignado a recibir malos tratos y sufrir la en­fermedad de la tramitología en cualquier gestión, por simple que sea. Frases como venga más tarde, el doctor está en junta, hay cincuenta solicitudes por delante, tal vez en un mes lograremos atenderlo, si no le gusta ¿por qué no retira los papeles?… son características de esta buro­cracia retardataria que no deja progresar a la administración pú­blica.

Debemos despertar del marasmo y darle un sacudón a la inoperancia oficial. Hay que destituir a los em­pleados abusivos y complicados. Es preciso corregir los sistemas obso­letos, eliminando las trabas y los pasos innecesarios, y enseñarles a los servidores públicos a ser corteses y accesibles para hacer de Colombia un país eficiente.

Veamos, como contribución a este empeño nacional, varios ejemplos del país negativo:

Paz y salvo nacional: En una nación vecina, un paz y salvo se despacha en 15 minutos. Aquí, después de dos horas de cola, se informa al con­tribuyente que debe presentar fo­tocopias de la declaración de renta de 3 o 4 años atrás; lo cual significa, aparte de perder el turno, regresar a casa para someterse luego a otra cola insufrible. Total, un día de padeci­mientos; y lo que es peor, muchas veces sin obtener el paz y salvo, ya que la misteriosa pantalla se empeña, por falta de actualización, en señalar tributos que no se deben.

Ventanillas bancarias: Cobrar un cheque o hacer una consignación representa, sobre todo en la banca oficial, enorme dificultad en esta era de las congestiones. Para colmo de males, en algunas de estas enti­dades parece que los cajeros, por su hosquedad y malas maneras, y desde luego por la carencia absoluta del sentido de servir, se hubieran espe­cializado en desterrar clientes.

Licencia de construcción: Ya vi­mos, por las publicaciones de El Espectador, el vía crucis que debe hacerse para obtener la licencia de funcionamiento de un negocio. Una licencia para construir, no ya el edificio sino la casa de habitación, demora en Bogotá hasta 6 meses. ¿Habrá alguna explicación válida para semejante parsimonia?

Documentos de identificación: La cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad demandan hasta 8 meses para formalizarse. Ser ciudadano en Colombia es un acto de resistencia.

Otras muestras dolorosas: Si usted viaja a cumplir una cita de negocios en otra ciudad, corre el riesgo de llegar con 2 horas de retraso, o al día siguiente, ya que Avianca, aunque no esté en operación tortuga, lo despachará con demora. Si usted solicita devolución de impuestos, le hallarán cara de asaltador del erario, y si le va bien, éstos le serán girados 10 meses después; si es deudor mo­roso, en cambio, el embargo del sueldo volará en jet. Si logra que lo pensione la Caja de Previsión, cualquiera que ella sea, prepárese para vivir 2 o 3 años sin recibir la primera mesada, ya que la entidad vive en quiebra eterna…

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Como antítesis de estos sacrifi­cios ciudadanos vale la pena hacer mención del espíritu de efi­ciencia y amabilidad que se dispensa en otros terrenos:

Pasaportes: El documento se ob­tiene de un día para otro y además son admirables la rapidez en los trámites, la cordialidad de los em­pleados y el engranaje de los siste­mas.

Telecom: La frase «Telecom une a los colombianos» no es simple pro­paganda. Se trata, sin duda, de una de las empresas más competentes del país.

Corporaciones de Ahorro y Vi­vienda: Se distinguen por el alto grado de cultura y simpatía de los empleados y la rapidez de sus ser­vicios. Son entidades que saben lo que vale el cliente y les dan ejemplo a algunos bancos, dominados por su permanente y bochornosa atmósfera de revuelta sindical, sobre cómo progresan los negocios con el in­grediente de la urbanidad y la buena atención al público.

El país está congestionado de normas kilométricas, contradictorias y confusas. Vivimos enredados entre formularios y tinterilladas. Las buenas maneras desaparecieron. No hay conciencia, en fin, del servicio público. Pero los buenos ejemplos son enaltecedores.

El Espectador, Bogotá, 2-XII-1986.

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Misiva:

Con gran satisfacción leí, como presidente de Telecom, la amable alusión que sobre nuestra empresa (la empresa de todos los colombianos), hizo su columnista don Gustavo Páez Escobar. Creo que la mayoría de los empleados públicos dedicamos todos nuestros esfuerzos y capacidades con el fin de prestar el mejor servicio posible a los usuarios. Sin embargo, en empresas de la magnitud de Telecom se presentan a veces fallas humanas o técnicas cuya corrección reclama con razón la opinión pública, bien sea por solicitud directa o a través de los medios de comunicación y aquí estamos para atender tales reclamaciones.

Pero como ya lo anotaba, señor director, es muy satisfactorio que también se reconozca el esfuerzo que se hace para ofrecer un eficiente servicio, por lo que deseo manifestar a usted y al columnista Páez Escobar los agradecimientos a nombre de los casi quince mil empleados que la­boramos en Telecom.

Emilio Saravia Bravo, presidente de Telecom.

Por: Gustavo Páez Escobar

En los inicios del actual Gobierno se ha apoderado de los altos funcionarios la fiebre recurrente de las reformas. ¡Al país hay que reformarlo!, era la consigna banderiza que se escuchaba como motivación fácil para con­quistar el favor de las urnas.

Para hacer más dramáticos los problemas, y sobre todo para acentuar la importancia de los reformadores en vía de asumir el mando, se decía, con el ardor propio de las contiendas electorales, que en Colombia nada funcionaba y por lo tanto era preciso modificar todas las estructuras. Las masas, que por naturaleza son ingenuas y sugestionables, siempre han prestado oídos alegres a las promesas mesiánicas.

Es lo que ocurre siempre en vísperas de los relevos gubernamentales. Sobre cualquier Go­bierno, por bueno que sea, nunca se pondera­rán, en las postrimerías de su gestión, los avances sociales o los aciertos de cualquier índole que tiene toda administración; y, por el contrario, en esos momentos de pasión política se le juzgará con dureza, con fuertes epítetos, con injusticia.

La gente, cansada en todos los regímenes del rigor de la vida dura, de la cascada de impuestos, de las carestías agobiantes, de los abusos del poder, y por eso mismo propensa al deseo democrático de ver caras nuevas en los carros oficiales, se ofusca, maldice, pide el cambio. Tal vez más adelante reniegue, otra vez, de los progresos que no llegan y de los alivios que no se sienten.

El lenguaje de las reformas es común en cualquier administración que comienza. Es raro el funcionario que al posesionarse de su despacho no anuncie reestructuraciones. Es un vicio nacional. En otros países se respetan los programas a largo plazo, hay sentido de la planeación, existe conciencia de las obras prioritarias.

En el nuestro la costumbre es despotricar del Gobierno anterior, desconocer sus méritos, interrumpir sus ejecuciones. Y se lanzan grandes ofertas de rehabili­tación; se esbozan obras gigantescas, sin sa­berse de dónde saldrá el dinero; se frena la marcha de contratos e iniciativas, y se llenan, en fin, páginas y más páginas con proyectos que se dicen ambiciosos y que significan la última palabra en la ciencia de conjurar todos los males.

Reformas, cambios, reestructuraciones. Son las palabras más usadas en la actualidad y de las que más se abusa. Nada de lo pasado sirve. ¡Hay que corregirlo! ¡Hay que desmontar todo un engranaje para que el país funcione! El esnobismo es la tendencia natural de la vani­dad. Para mostrarse, para aparecer como idó­neos, muchos funcionarios terminan dañando lo que marchaba bien y haciendo incurrir al erario en fuertes erogaciones.

Se comienza por la reforma agraria, se pasa a la reforma urbana. Los proyectos son débiles y no suscitan interés, pero la gente se distrae. Llega luego, de sopetón, la reforma tributaria, concebida en su peor momento y que produce revuelo en la opinión pública. Y ya están en fila la reforma petrolera, la reforma educativa, la reforma judicial, la reforma labo­ral, la reforma…

Apenas llevamos cien días del nuevo Go­bierno. Las montañas del papel reformador son impresionantes. No hay, desde luego, tiempo para digerir tanta letra veloz. Se trata de una moda, de una sicosis, de una fiebre peligrosa. Las leyes, para que sean sabias, deben ser producto de la reflexión, del sereno análisis de todos sus efectos, de la necesaria maduración de las ideas. Nunca de la precipitación han salido obras perdurables.

¿Qué quedará de todo esto? Dejemos que pase el ventarrón. Dejemos que los reforma­dores se sosieguen y los legisladores tengan tiempo para meditar. Ahora el humo opaca el horizonte. Confiemos, como colombianos opti­mistas y necesitados de avances sociales, en que se logre algo positivo de estas prisas triunfalistas.

Carta Conservadora, Tunja, 30-XI-1986.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

He tenido oportunidad de cono­cer, por amable envío que me hace el periodista Alpher Rojas Carvajal, jefe de Información y Prensa del Departamento Administrativo del Servicio Civil, el proyecto de ley presentado por el Gobierno a con­sideración del Congreso, por el que se regula la administración de los em­pleados públicos al servicio de los departamentos, intendencias, co­misarías, municipios y estableci­mientos descentralizados del orden territorial.

Se busca extender la carrera ad­ministrativa a todas las entidades públicas, la que sólo rige ahora, con las deficiencias conocidas, para los empleados nacionales. Esta norma se promulgó por primera vez, para to­das las ramas de la administración, por medio de la ley 165 de 1938, pero no ha funcionado. Más tarde, por medio del decreto 1732 de 1960, se dispuso que la carrera abarcara a los departamentos y municipios, y tampoco se logró su efectividad.

Ahora se recogen disposiciones dispersas que contribuyan a mejorar la administración pública, haciéndola no sólo más ágil sino también más confiable. El primer paso consiste en formar una conciencia de superior servicio a la comunidad mediante la implantación de reglas modernas y técnicas, la selección y capacitación de los empleados y el señalamiento de pautas claras para permanecer en el cargo o ser descalificado de él.

Establecido el criterio de que la única condición para ser servidor del Estado es la de la aptitud y los mé­ritos, lo que anula el absurdo meca­nismo de las recomendaciones y los vetos políticos, estarían sujetos al régimen de libre nom­bramiento y remoción los altos fun­cionarios que de manera taxativa se señalan en el estatuto.

En esta forma habría no sólo mayor eficiencia en las oficinas públicas, eliminando los sobresaltos originados por el cambio gubernamental, sino que se brindarían las condiciones de estabilidad y bienestar para los sufridos y desprotegidos empleados de la masa.

La carrera administrativa es un paso civilizado que está en mora de darse. La pide la seguridad social del país. Y la rechazan los ca­ciques políticos. Los empleados ra­sos, sometidos al oprobio de cuotas económicas y la sumi­sión a sus patrocinadores, no cuentan con ninguna base de seguridad la­boral. Viven temerosos y amargados, expuestos como se hallan a quedar en la calle ante cualquier capricho de su tutor, y sobre todo por falta de éste cuando cambian las reglas de juego. En el momento el empleado público no necesita aptitudes ni requisitos morales, sino padrino.

Con padrino habrá ascensos, aunque existan deshonestidad y mediocridad. Sin padrino, o sea, sin tabla de salvación, por más honesti­dad y competencia que se posean, la suerte será negra. El manejo del país bajo tales prospectos no puede ser más desastroso.

Este proyecto de ley ha sido ma­durado por el doctor Diego Younes Moreno, jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, funcionario competente de quien se esperan resultados positivos en el manejo de su delicada misión.

El Espectador, Bogotá, 17-XI-1986.